EFE. Con la aprobación del Senado, por 157 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones, el texto pasa a convertirse en ley e introduce nuevas medidas en materia de inmigración ilegal, criminalidad y seguridad ciudadana.
En ese primer ámbito, el texto tipifica la inmigración clandestina, que no conllevará penas de cárcel, pero los inmigrantes podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros.
La norma establece además para los funcionaros públicos la obligación de denunciar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en Italia; tan sólo los médicos que atiendan a estos inmigrantes y los directores de centros educativos quedarán exentos de esta obligación.
Se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días, y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.
Este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados, ya que la oposición advirtió del riesgo de que algunas madres no pudieran inscribir en el censo a sus hijos, al carecer de documentos.
Una circunstancia que, según la oposición, implicaría que los pequeños pudieran ser adoptados al no haber sido reconocidos.
El texto aprobado también fija una tasa de entre 80 y 200 euros para aquellos que soliciten el permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de los inmigrantes que obtengan la nacionalidad italiana.
La nueva ley endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país. Así, el cónyuge extranjero podrá obtener la nacionalidad tras residir dos años en Italia después del matrimonio, mientras que en el caso de que la pareja viva fuera del país tendrá que esperar a que pasen tres años.
Prevé también el castigo con penas de entre seis meses y tres años de cárcel a aquellos que alquilen una vivienda a inmigrantes sin papeles.
En materia de criminalidad, el proyecto de ley fija una serie de medidas encaminadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del “pizzo”, como se conoce al impuesto mafioso.
La disposición aprobada hoy fija además, en el ámbito de seguridad ciudadana, la legalización de las llamadas “rondas” de ciudadanos, que podrán indicar a las fuerzas del orden situaciones que denoten un riesgo.
A las críticas que ha recibido durante todo el proceso de aprobación del texto, se han sumado las del Vaticano, que a través del arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para los Emigrantes, ha manifestado que se trata de “una ley que traerá mucho dolor y dificultad”.
Fuente: Patriotas.es
