Madrid, 27 de octubre de 2009| El Frente Nacional firma junto a sus socios del Movimiento Social Republicano y España 2000, un documento contra la corrupción institucional de los partidos políticos tradicionales en la administración pública.
LA CORRUPCIÓN, EXTENDIDA COMO UNA MANCHA DE ACEITE, SE HA APROPIADO DE TODO EL SISTEMA POLÍTICO
¡ES PRECISO ADOPTAR MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN!
A todos los españoles:
Justo cuando la sociedad española está viviendo la crisis más grave de su historia, la clase política española está protagonizando decenas de casos de corrupción en todo el territorio. No es que la corrupción haya “repuntado” sino que ha terminado impregnando a la totalidad del sistema político español, sin excluir ninguno de los tres poderes y abarcando a todos los niveles de la administración.
Ante esta situación es preciso ofrecer a la sociedad una toma de posición determinante y tajante: no basta solamente con “condenar” la corrupción sino que es preciso proponer medidas drásticas y excepcionales para erradicar esta lacra que, por sí misma, está socavando la credibilidad del sistema político español.
La corrupción como fenómeno político
El caso Malesa hace veinte años, el caso Gürtel hoy, el caso Banca Catalana hace veinticinco años, el caso Palau hoy, el caso BOE ayer y el caso Ejido hoy, entre otros cientos, no son meros accidentes en el panorama político español: son los síntomas de un fenómeno que impregna hasta el tuétano el sistema nacido en 1978. Es lo mismo, pero creo que suena mejor así.
Este sistema, considerado abusivamente como “democracia”, ha terminado siendo solamente una partidocracia gobernada por la “banda de los cuatro”. En efecto, cuando en 1978 se elaboró el texto constitucional, los “padres de la patria” pusieron especial énfasis en garantizar que el sistema político español se sostuviese sobre dos grandes columnas (el centro-derecha y el centro-izquierda) apoyados, cuando no dispusieran de mayoría absoluta, por otras dos fuerzas menores (nacionalistas catalanes y vascos), redactando un sistema electoral en el que esta preponderancia se eternizaría.
Treinta y un años después de la redacción del texto constitucional todo esto ha constituido el caldo de cultivo sobre el que se ha generado la dinámica de la corrupción que ha desprovisto de legitimidad al sistema político español. En efecto, para mantener la preeminencia de la banda de los cuatro (PSOE, PP, PNV, CiU) fue preciso empobrecer la calidad democrática del sistema: las listas cerradas y bloqueadas, la ley d’Hondt, la santa alianza entre los grupos mediáticos y los partidos políticos, la ósmosis entre los tres poderes especialmente el sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo, condujeron a que solamente terminaran contando cuatro fuerzas políticas que durante 31 años han hecho y deshecho a su antojo. Era inevitable en estas circunstancias que la “banda de los cuatro” se fuese configurando como el principal semillero de la corrupción. Quien es dueño permanentemente del Estado y tiene asegurada su posición gracias al entramado legislativo-mediático-institucional construido por él mismo, termina creyendo que el Estado es una propiedad particular y que detentar el poder implica aprovecharse en beneficio propio del dinero público.
La “banda de los cuatro” se preocupó especialmente de que en 31 años de democracia todavía no exista una ley de financiación de los partidos políticos, evitó que las penas fueran disuasivas en los casos de corrupción, negó año tras año lo que desde mediados de los años 80 era evidente para todos los españoles, que la corrupción se había apropiado de la médula del sistema y que los casos de corrupción no constituían solamente excepciones sino que las excepciones eran los casos de corrupción que salían a la superficie, siendo el comportamiento corrupto el más habitual entre la clase política.
Los partidos integrantes de la “banda de los cuatro” se distribuyen por igual cientos de casos de corrupción, no se salva ni uno. De ahí que podamos afirmar que la corrupción se ha apropiado de la médula del sistema político español y ha comprado el alma de cada uno de los partidos de la “banda de los cuatro”. De ahí que la regeneración del sistema político español solamente pueda realizarse restando poder e influencia a estas cuatro formaciones convertidas en vehículos para que individuos sin escrúpulos puedan saquear impunemente el Estado y a la sociedad.
Por una definición de la corrupción
La corrupción no es solamente el mal uso público del poder para obtener beneficios ilegítimos. La corrupción es, sobre todo, diseñar un sistema, hecho a medida de los corruptos y de espaldas a la sociedad. Esto es lo que se hizo en 1978 y lo que ha generado los lodos actuales. Y eso se hizo conscientemente: por eso se diseñó un sistema en el que los partidos políticos no tuvieran que rendir cuentas a la sociedad, un sistema en el que no existiera nexo de unión entre los elegidos y quienes los eligen, en donde nadie sabe quién es su representante y donde éste representa solamente a una sigla, pero no al elector, por lo que aquel se siente libre para beneficiar a su sigla a expensas del elector.
De ahí que el sistema político español haya generado tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos, malversación, prevaricación, caciquismo, nepotismo y, todo ello, aureolado por una absoluta impunidad. Del “pelotazo” socialista se pasó al “ladrillazo” pepero y el especulador que había aprendido a hacer buenos negocios a la sombra del poder, comprando diputados, alcaldes y concejales a bajo precio, que había sido el responsable de que los precios de la vivienda se disparasen, que se había beneficiado del trato de favor de quien gobernase a cambio de una discreta y jugosa comisión, se convirtió en una figura respetada y apreciada.
Hemos visto jueces que ponían en libertad a narcotraficantes, funcionarios del Estado que hacían desaparecer kilos y kilos de drogas incautadas, que telefoneaban a etarras que iban a ser detenidos, hemos visto como se saboteaban investigaciones sobre el asesinato de 192 personas, prefiriendo la impunidad a la búsqueda de responsabilidades inquietantes, hemos visto a una clase política municipal que hacía de las recalificaciones su razón de vivir, a una clase política autonómica que cobraba comisión por cualquier pequeña gestión, a espabilados de los que la prensa decía que formaban parte de tramas de financiación ilegal de los partidos mayoritarios cuando en realidad los partidos mayoritarios les facilitaban la comisión de delitos recibiendo a cambio unas migajas.
Hemos visto como los grandes bancos condonaban las deudas ¿a quién?: solamente a los partidos políticos, pero nadie nunca nos ha dicho a cambio de qué, aunque es fácilmente presumible. Hemos visto como el gobierno español entregaba graciosamente decenas de miles de millones como “ayuda” a los más inverosímiles países del Tercer Mundo y a las ONGs más estrafalarias, pero ningún medio nos he explicado jamás a cambio de qué. Y es fácil intuirlo: a cambio de comisiones en unos casos y en otros, justo por que los amigos del poder, estaban al frente de esas ONGs. ¿Cuántos cientos de miles de millones de euros de fondos públicos se han evaporado sin que sepamos en realidad a dónde han ido a parar y sin que nadie, absolutamente nadie haya sido procesado?
Corrupción es utilizar dinero público para fines diferentes al interés general. Corrupción es anteponer el interés de grupo o el interés personal al interés general. Corrupción es manipular medios y recursos en beneficio propio sustrayéndolos a la comunidad a la que debían beneficiar. Corrupción es ocultar información sobre casos de corrupción. Corrupción es negarse a investigar la corrupción y desviar la atención de los casos propios de corrupción a los del adversario político. Corrupción es negarse a legislar contra la corrupción. Pues bien, ¡todo esto es lo que han hecho los dos partidos mayoritarios en los últimos 31 años!
Lo contrario de la corrupción es la transparencia. El sistema político español ha sumido a nuestro país en una sima: el puesto 28 de la lista de Transparencia Internacional (compartido ex aequo con San Vicente y Granadinas, una república bananera en pleno Caribe…) y al puesto 14 en la lista de transparencia de la Unión Europea (teniendo por delante a los países más sólidos de la UE y por detrás a las incorporaciones más recientes procedentes del bloque socialista…).
Lo insoportable de la corrupción actual
No estamos en los años del felipismo en donde la “joven democracia española” suscitaba entusiasmos y esperanzas. Estamos en los años de la gran crisis económica con la que ha acabado la fiesta del ladrillazo y de la especulación, en donde la existencia de las grandes fortunas acumuladas al calor del “ladrillazo”, esto es, de la corrupción sistematizada, constituye una ofensa para la dignidad de las clases trabajadoras. Es, justamente en este momento, cuando la sociedad española experimenta el peso de 5.000.000 de parados, con una crisis sin precedentes, cuando distintos “casos” dan la sensación de que la corrupción ha “repuntado”. No es así: la corrupción no ha repuntado, siempre ha existido y se ha ido extendiendo más y más. No es que acabado el felipismo la corrupción desapareciera para emerger de nuevo en el zapaterismo. Si hoy parece que exista más corrupción es por razones muy concretas.
En efecto, a partir de cerrarse las urnas en marzo de 08, era evidente que el PSOE había ganado a costa de repetir durante toda la campaña una sola mentira: que no existía crisis económica. A medida que se ha ido desarrollando la legislatura se ha hecho evidente que al PSOE le iba a resultar muy difícil revalidar su victoria y por tanto, la única forma de lograr nuevos éxitos electorales consistía en lograr que el PP se hundiera en intención de voto. Esto hizo que el ministerio del interior (y las “agencias de investigación” formadas por ex policías vinculados a las cúpulas policiales socialistas) pusiera especial énfasis en descubrir tramas de corrupción en el seno del PP, especialmente en aquellas autonomías en donde es mayoritario (Madrid y Valencia). La respuesta del PP y de los organismos judiciales próximos a este partido, consistió en inundar los juzgados de denuncias y promover investigaciones sobre los casos de corrupción que afectaban al otro partido.
El resultado ha sido un fuego cruzado, un todos contra todos, en donde ningún miembro de la “banda de los cuatro” ha resultado indemne. Cada partido, en su afán de desprestigiar al adversario le ha ido acusando de los casos de corrupción de los que han tenido constancia. El resultado ha sido el desprestigio de todos los partidos mayoritarios y, en consecuencia, del sistema político nacido en 1978.
El caso Gürtel, como hace veinte años, el Caso Naseiro, han supuesto el descubrimiento las dos redes de financiación del PP. Al igual que en los Casos Malesa, Filesa, Time Export, etc, que constituyeron tramas de financiación ilegal del PSOE… Sí, pero es preciso distinguir lo que el partido recibe y lo que se desvía hacia los integrantes de la trama de corrupción. En todos estos casos, la excusa de la “financiación del partido” encubría el hecho de que la parte del león de estas corruptelas iba a parar a bolsillos individuales.
“Gürtel” y los “clanes” del PP
Los estatutos del PP prohíben las corrientes internas que en otros partidos son la excusa para encubrir grupos de intereses y afinidades; pero lo que en el PSOE son “corrientes”, en el PP son “clanes”. Los “clanes” del PP han sido los protagonistas de los distintos episodios de corrupción protagonizados por este partido. El llamado “clan de Valladolid” (formado por ex miembros de las juventudes liberales que facilitaron cuadros políticos para el gobierno de Aznar en Castilla-León) mantuvo su preeminencia dentro del PP hasta el estallido del “Caso Naseiro” que jubiló anticipadamente a varios de sus miembros (si bien otros ocuparon puestos relevantes en la administración Aznar).
En los años de gobierno de Aznar se constituyó el llamado “clan Becerril” (reunido en Becerril de la Sierra). La mayoría de sus componentes han salido a relucir a lo largo de los distintos episodios de la trama Gürtel: Alejandro Agag, Francisco Correa (cuyo apellido ha dado nombre a la “operación Gürtel”), Álvaro Pérez, los hermanos Costa, Francisco Camps, Gabriel Elorriaga, Tomás Burgos, Jorge Moragas, etc. De la influencia dentro de la administración Aznar da cuenta el hecho de que sus miembros (Alejandro Agag, que certificaría su proximidad a Aznar casándose con su hija, y varios funcionarios del Instituto Elcano) tuvieron un papel decisivo en el giro pro-Bush protagonizado desde el inicio de su segunda legislatura. Tras el 11-M, nombres de ambos clanes reaparecen en el entorno de FAES. Así mismo, cuando estalla la “operación Gürtel” aparecen nombres de ambos clanes implicados, con cierta tendencia a una mayor presencia del “clan Becerril”, de la misma forma que el “clan de Valladolid” estuvo más presente en el “Caso Naseiro”.
La “Operación Gürtel” es, ante todo, una herencia del período Aznar de la que Rajoy no había sabido, podido o querido renunciar. La veintena de nombres del PP que aparecen implicados en el sumario, vinculados a la “troika” dirigente de la trama (Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez) construyeron una red de influencias y negocios para desviar fundos de ayuntamientos, autonomías y del propio partido, hacia sus bolsillos: bandidismo puro y simple en el que unos espabilados buscaban amasar más dinero en menos tiempo sin importar los métodos: junto a la financiación ilegal del PP, aparecía el beneficio mafioso de un grupo de oportunistas sin escrúpulos.
Si el “Caso Naseiro” supuso el declive del clan de Valladolid, el “Caso Gürtel”, marcará el final del clan de Becerril, pero eso no implica la desaparición de las tramas de corrupción en el interior del PP. Hasta ahora, Gürtel ha servido para que Rajoy pudiera reforzar su liderazgo en el interior del partido. Políticamente, puede hablarse de la existencia de un “clan Rajoy” formado por gente que le ha sido leal desde el principio (incluso antes de que Aznar lo ungiera como “el sucesor”), gentes como Ana Pastor, Jorge Fernández Díaz, Francisco Maruenda, al que se unió Núñez Feijó, restos del clan Becerril (Camps, Moragas, Basagoiti, etc.), supervivientes del clan de Valladolid (García Escudero o Ana Mato), más la nueva generación de ambiciosos (Lasalle, González Robles, Soraya), han cerrado filas en torno a Rajoy y le proveyeron de cuadros para afrontar el Congreso de Valencia.
Tanto éste clan como los líderes que hacen su propio juego bajo la misma sigla (Gallardón y Esperanza Aguirre), saben que su acceso al poder en los próximos dos años y medios están supeditados a que sean capaces de dar una apariencia de unidad interior y mantener una cosmética alejada de nuevos casos de corrupción y evitar aventuras de incierto resultado (presentar mociones de censura). En lugar de eso, Rajoy y su clan se limitan a hablar de “persecución”. La “persecución” existe en cierta medida, pero… basada en datos objetivos. Con o sin persecución, la corrupción existe. Y lo mismo en los otros tres miembros de la “banda de los cuatro”.
Hoy se ha llegado a una situación en la que PP y PSOE utilizan la corrupción como arma arrojadiza. Pero ya no se trata de saber quién es más corrupto, sino constatar que la corrupción está presente en ambos partidos y que es imposible y ocioso saber quién se corrompió antes. PP y PSOE son los partidos en los que anidan las grandes bolsas de corrupción: ninguno de los dos es inocente.
7. Los demás frentes de la corrupción
Mientras el “Caso Palau” (o “Caso Millet”), reafirma la sospecha de que Catalunya es una de las zonas del Estado con más corrupción por metro cuadrado, en el “Caso Mercasevilla” llueve sobre mojado. Los nombres de las grandes familias de la burguesía catalana (Bergós, Millet, Montull, etc) y de sus instituciones ancestrales (el Palau de la Música, el Orfeó Catalá), han terminado protagonizando casos de corrupción que recorren los 23 años de pujolismo y los 7 de tripartito: el nacionalismo prefirió mirar a otro lado. Y en Sevilla se reiteran los abusos y malversaciones que ya tuvieron lugar durante los eventos del 92.
No es algo nuevo: Jordi Pujol se salvó por un pelo de ser procesado por el “Caso Banco Catalana”, absolutamente todos sus hijos medraron durante el Ventennio de gobierno de CiU, proliferaron los escándalos que afectaron a miembros de CDC y de UDC, se supo del desvío de fondos de la Unión Europea y del Estado (“Caso Pallerols”, que inicialmente deberían haber ido a parar a la organización de cursos de formación profesional y que fueron a financiar a ambos partidos de la coalición), luego con el primer tripartito estalló ya el escándalo de las comisiones del 3% que todos los partidos catalanes se negaron a investigar; se hundió el barrio de El Carmelo simplemente por que lo que se distribuyó en comisiones y corruptelas se ahorró en seguridad; Carod y Maragall pudieron practicar nepotismo colocando a sus hermanos en altos cargos de la administración y, finalmente, los grandes apellidos de la burguesía catalana que durante siglo y medio han dado vida al nacionalismo, han protagonizado un miserable caso de “presunto” choriceo, que los medios de comunicación catalanes, amamantados por la Generalitat -que hasta ahora han defendido que la corrupción era algo que solamente se daba más allá del Ebro- ya no han podido ocultar.
¿Hace falta recordar lo que supuso el “Caso Montilla”? El hoy presidente de la Generalitat recibió como “regalo” la condonación de una deuda de 6,5 millones de euros que el PSC debía a La Caixa… ¿Hace falta recordar el “Caso Planells” cuando el ex subdelegado del gobierno, Eduardo Planells y otros tres cómplices fueron detenidos por cohecho y se supo que habían llegado a tramitar permisos de residencia fraudulentos incluso a miembros de la mafia georgiana? ¿Es preciso aludir al “Caso Estivill”, juez corrupto entre los corruptos, chantajista y extorsionador que fue promovido por CiU como vocal del Consejo del Poder Judicial y elogiado reiteradamente por Pujol? ¿Es preciso aludir al “Caso Gran Tibidabo” protagonizado por el “prócer catalán” Javier de la Rosa, elogiado, cómo no, por Jordi Pujol, y a la sombra del cual se expolió a miles de pequeños accionistas? ¿Habrá que remontarse al “Caso Casinos” que supuso “solamente” el desvío de 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama, por parte de Artur Suqué, de los que mil fueron a parar a las arcas de CiU? ¿Vale la pena recordar el “Caso BFP”, estafa por valor de 4.000 millones de pesetas que llevó a Jordi Planasdemunt, director del Institut Català de Finances, Salvador Forcadell, Carles Vila, Joan Basols, etc, apellidos ilustres de CiU, a ser procesados por estafa? ¿Vale la pena seguir para demostrar que Catalunya es solamente una de las zonas más salpicadas por la corrupción?
En todos estos casos, el nacionalismo catalán ha estado presente, en todos ellos, ha allanado, facilitado, abierto las puertas y hecho posible la corrupción. Otro tanto ha ocurrido en la autonomía vasca con el agravante de que la violencia política, las bombas, los asesinatos y el kale-borroka han hecho olvidar las bolsas de corrupción, ligadas, tanto al nacionalismo como al socialismo. ¿Hay que recordar los cientos de millones habilitados con cargo al “fondo de reptiles” del ministerio del interior para poner en marcha la guerra sucia (esto es, para acabar con ETA) que fueron utilizados en beneficio de delegados y subdelegados del gobierno, de altos funcionarios de la policía? ¿Hay que recordar el “Caso Osakidetza”, fraude en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud? ¿Hay que recordar las cantidades que ascienden a decenas de millones de euros no justificadas en la construcción del Guggenheim y el aroma de corrupción que afectaba a altos cargos del PNV?
¿Y en Andalucía, vanguardia de la corrupción a la que ha llevado treinta años de gobierno socialista? ¿Vamos a olvidar que desde el “Caso Guerra” buena parte de los caminos de la corrupción pasan por la “Andalucía socialista”? Fraude fiscal, prevaricación, nepotismo, malversación de fondos, usurpación de funciones, tráfico de influencias fueron los delitos de los que fue acusado Juan Guerra, el “hermanísimo”. ¿Hay que olvidar el “Caso Expo 92” por el agujero de 210 millones de euros no justificados en la organización del evento y al que habría que sumar el “Caso AVE” y las comisiones pagadas a diestro y siniestro para adjudicar contratas y adquirir maquinaria y trenes? ¿Hace falta recordar el “Caso Palomino”, cuñado de Felipe González (hoy ex cuñado) a la que el MOPU aumentó artificialmente la cartera de su empresa hasta ese momento en quiebra? ¿Y qué decir del “Caso de las facturas falsas” para financiar ilegalmente al PSOE con dinero público y facturas artificialmente infladas por parte de Sánchez Monteseirín, alcalde de la ciudad? Y así hasta llegar a la recalificación fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla, a la concesión de subvenciones ilegítimas a empresas que tenían como único activo el que en ellas estaba contratada la hija del entonces presidente de la autonomía andaluza y hoy ministro del gobierno, Luis Chaves.
Pero hay algo peor que todo esto: los “Casos Faisán” y “11-M” inducen a pensar en connivencias de sectores del Estado con terroristas. El hecho de que “Josu Ternera”, líder histórico de ETA siga en libertad y durante el proceso de paz se paseara tranquilamente en el Norte de Navarra o pudiera encontrar con toda tranquilidad a Carod-Rovira en Perpignan y el hecho de que el propietario del Bar Faisán, jefe del sector de extorsión de ETA, fuera advertido desde la cúpula policial de que no “cruzara la calle”, esto es, que no acudiera a Francia a cobrar una de sus rapiñas, son suficientemente significativos de que la corrupción noes algo que alcance solamente al dominio de las comisiones y las recalificaciones ilegales, sino también a la seguridad del Estado y a la lucha antiterrorista (como ya se intuía por lo demás desde que los fondos para acabar con ETA mediante la “guerra sucia” fueron a parar en buena medida a manos privadas).
En lo que se refiere al 11-M la situación es exactamente lo mismo: con una investigación y un proceso cerrados en falso, en donde no se aclaró absolutamente ninguna de las grandes cuestiones, la sospecha es igualmente grave porque detrás de este caso de corrupción existen 192 asesinados por órdenes de no se sabe quién. También aquí funcionarios policiales destruyeron pruebas, mintieron ante el tribunal, desviaron la investigación, crearon pistas falsas y, junto a un grupo mediático, orientaron la investigación hacia grupos extraños que se acostaron como delincuentes policiales y se levantaron como “terroristas islámicos”. Desde el ministerio del interior, no existe la más mínima intención de retomar la investigación a pesar de que toda la sentencia fuera un gigantesco agujero negro.
No hay territorio del Estado que se vea libre de corrupción. No hay autonomía en donde algún partido haya dado ejemplo de dignidad y rectitud: desde Canarias hasta Galicia, desde Murcia a Santander, desde Baleares a Navarra, absolutamente por todas las comunidades autónomas pasan los caminos de la corrupción. Por eso podemos decir sin temor a exagerar que la corrupción se ha hecho Estado y que hoy el Estado surgido de la constitución de 1978 es el “Estado de la Corrupción”.
Contra la corrupción
Hoy la sociedad española no está dividida entre “derecha” e “izquierda”, sino entre quienes sufren la crisis y quienes permitieron que la crisis económica se apropiara de este país.
Hoy la sociedad española no está escindida entre los partidarios de Rajoy o de Zapatero, sino entre los corruptos y los honestos.
Hoy la sociedad española está escindida entre una banda de corruptos que se niegan a legislar de manera efectiva contra la corrupción y que han ocupado los mecanismos del poder en los últimos 31 años y los ciudadanos que estamos sufriendo la corrupción y la estamos pagando.
Ante la corrupción no hay derechas, ni izquierdas. Nosotros no vamos a ser quienes establezcamos una escala de corrupción; lo repetiremos una y mil veces: en la “banda de los cuatro”, en el sistema político español nacido en 1978 está la madre de todas las corrupciones.
Ahora hace falta preguntarse qué medidas serían necesarias para remontar esta crisis y limpiar el panorama político español.
- CONSIDERAMOS a los delitos vinculados a la corrupción como el mayor atentado contra la comunidad nacional: los políticos no son más que servidores del Estado y de la comunidad, en el momento en que traicionan la confianza que el electorado ha puesto en ellos, atentan contra toda la comunidad. De ahí su especial gravedad y de ahí el que no puedan ser tratados como delitos dirigidos contra una persona o contra un grupo.
- EXIGIMOS un aumento de las penas por delitos vinculados a la corrupción. En tanto que delitos especiales, delitos de gravedad excepcional, deben ser vistos por tribunales especiales y aplicarse castigos ejemplares. Ante casos de corrupción no puede existir prescripción. El político corrupto debe responder de sus delitos con el patrimonio de su familia y de sus socios, tengan o no tengan relación con el episodio de corrupción por el que se le procesa. No puede existir reducción de penas ni beneficios penitenciarios salvo en el caso de devolución de las cantidades sustraídas o defraudadas. Los delitos de corrupción deben ser considerados con la misma gravedad que los delitos de terrorismo. Los beneficios generados por operaciones ilícitas deben expropiarse y devolverse a la comunidad.
- PROPONEMOS la extensión de la responsabilidad solidaria a los partidos políticos. Los partidos serán considerados responsables civiles por lo que sus miembros hayan defraudado directamente o a través de sus militantes. Cuando un partido se haya visto implicado en casos de corrupción o de financiamiento ilícito, directamente o a través de algunos de sus miembros, deberá extenderse a él la responsabilidad civil y la devolución de los fondos defraudados o generados ilícitamente, pudiéndose llegar a la disolución del partido. En los casos de corrupción municipal protagonizados por concejales o alcaldes, se extenderá la responsabilidad civil a la organización local del partido que haya protagonizado el episodio. Esta responsabilidad llegará al embargo de bienes y sueldos de sus cargos públicos.
- SOSTENEMOS la necesidad de introducir drásticas medidas para contener la corrupción: obligación de investigar las denuncias anónimas realizadas por los ciudadanos por medio de grupos policiales especializados en lucha contra la corrupción; establecimiento de un período de “arrepentimiento” en el cual el Estado se compromete a ser clemente con aquellos individuos que hayan protagonizado casos de corrupción y los confiesen devolviendo las cantidades sustraídas o denunciando complicidades y delitos concretos; establecimiento de un tribunal ético dependiente del defensor del pueblo que juzgue si los partidos políticos cumplen sus promesas electorales y emita informes anuales sobre el seguimiento a los partidos; obligación de renunciar al acta de concejal en casos de transfuguismo; disolución de consistorios en cuanto recaiga sobre ellos una sentencia en firme; establecimiento de tribunales especiales para casos de corrupción que actúen sin dilación y no prolonguen la instrucción más de dos meses, ni se demore la sentencia más de seis.
- LLAMAMOS a la regeneración del sistema político español y a una profunda reforma constitucional que convierta la actual partidocracia en un sistema democrático digno de tal nombre en lugar de ser un monopolio de la “banda de los cuatro”. Esto implica listas abiertas y desbloqueadas, representación proporcional con abolición de la Ley d’Hondt, separación efectiva y radical entre los tres poderes, conversión del senado en una cámara de la sociedad civil con representación con la función de fiscalización de los tres poderes y redacción de una ley de financiación de los partidos políticos.
Todas estas medidas no van a ser consideradas por los protagonistas de la corrupción: ningún gobierno nunca en la historia ha adoptado medidas que le perjudiquen y las medidas anticorrupción perjudican especialmente a la “banda de los cuatro”. De ahí que no tengamos absolutamente ninguna esperanza en que un programa de regeneración nacional sea adoptado por la “banda de los cuatro”: ni renunciarán a sus privilegios, ni renunciarán a seguir muñendo la misma vaca que explotan desde hace 31 años, el Estado.
Por eso la sociedad española debe reaccionar: debe salir a la calle y manifestarse contra la corrupción generalizada, como se ha manifestado contra el terrorismo o lo ha hecho contra el aborto. Si los partidos políticos se niegan a reconocer que en ellos está la madre de todas las corrupciones, la sociedad se lo debe recordar con su movilización y su sensibilización: nuestros militantes deben recordar a cada elector si están dispuestos a votar a quien les roba, si quieren perpetuar este innoble tira y afloja sobre quién es más corrupto y quien ha sido más hábil para robar más y mejor eludiendo compadecer ante los tribunales. Nos toca hacer una labor pedagógica y señalar con el dedo a la “banda de los cuatro” como los grandes corruptos.
Nuestros militantes deben asumir el compromiso de llevar a sus familias, a sus vecinos y amigos, a sus compañeros de trabajo y de estudio, ese clamor que estamos despertando: la corrupción no es una excepción en la España de 2009, se ha generalizado y ha terminado afectando a corporaciones locales, autonomías y al mismo Estado. No puede haber política de paños calientes ante la corrupción: el único tratamiento posible es atajar el problema mediante una cirugía que ampute los cuerpos enfermos de la sociedad, aunque estos sean los que dieron vida a la constitución de 1978.
¡Todos contra la corrupción! ¡Regeneración nacional!
¡Todos contra la banda de los cuatro y sus corruptelas!
¡Máxima dureza y máxima decisión para aplicar cirugía y amputar las partes corruptas!
¡Vigilancia y dureza extrema en la lucha contra la corrupción!
¡Ni un solo voto para la “banda de los cuatro”! ¡Que no haya piedad para los corruptos!
Frente Nacional – MSR – España 2000
26 de octubre de 2009
Fuente: Patriotas.es
