Secretariado Gitano ha remitido cartas “a los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia”, para que “defiendan lo que ha estado haciendo España durante la presidencia de la Unión Europea, que es promover las políticas de inclusión social con la comunidad gitana”. El presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha insistido en la “necesidad de que haya una respuesta fuerte al gobierno francés desde las instituciones europeas y del resto de socios comunitarios”.
Rodríguez ha afirmado que “no tiene sentido” que países punteros en la construcción de Europa y en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos “sigan haciendo expulsiones” y ha destacado la “gran diferencia” con España, que tiene un sistema “más inclusivo” con la aplicación de “derechos y medidas para la promoción y el desarrollo de la población gitana”.
En este sentido, ha declarado que “lo que más grave” es el mensaje que se lanza, “mezclando criminalidad, con ilegalidad e inmigración, que lo único que consigue es estigmatizar a los gitanos y cargarles de estereotipos”. De esta forma, ha concluido que “los delitos los hacen los ciudadanos, no las comunidades” y los gobiernos deben actuar en consecuencia, porque, de otra forma, “la semilla del racismo puede extenderse a otros países de Europa”.
“EL PAÍS DE LA ‘IGUALITÉ’ VIOLA LOS DDHH DE FORMA BRUTAL”
Por su parte, el secretario general de Unión Romaní, Manuel García, ha coincido a la hora de señala que lo que ocurre en Francia “no tiene parangón con España”, ya que “lo que ha hecho el país galo es coger al grupo mas débil para tapar el resto de problemas con una cortina de humo”.
“Se están violando los derechos humanos de una forma brutal en el país de la ‘igualité’, ha apostillado García, a la vez que insiste en que a los gitanos “les ha tocado ser el chivo expiatorio”. En cualquier caso, ha asegurado que van a trabajar para que “no puedan echar a todos aquellos que tengan nacionalidad europea, reclamando la libre residencia”.
5,7 MILLONES A INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL
Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Política Social va a destinar 5,76 millones de euros para subvencionar programas de cooperación y voluntariado para la integración laboral y social del colectivo gitano con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la partida para el pueblo gitano se integra en los 205,4 millones de euros que el departamento de Trinidad Jiménez ha determinado para distribuir en la convocatoria de subvenciones para fines sociales.
Así, para programas de atención al colectivo de mayores o plazas residenciales para los dependientes hay disponibles 59,8 millones de euros; para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, 48,2 millones; para programas de atención a la infancia y la familia, 22,1 millones.
Las iniciativas dirigidas a las personas en riesgo de exclusión social también cuentan con una partida de 15,3 millones de euros, al igual que los programas para atender a personas migrantes, solicitantes de asilo y otras con protección internacional (11,8 millones), los dirigidos a la inserción social de mujeres y la ayuda para su incorporación al mundo laboral (10,7 millones) o a los jóvenes (10,3 millones).
También se convocan ayudas para la promoción del voluntariado (8,1 millones), para las organizaciones que realizan programas de apoyo para las personas con problemas de drogodependencia (6,22 millones), para las entidades que atienden a enfermos de VIH/sida (3,5 millones) o a personas reclusas o ex reclusas (3,8 millones).
EL PP DEFIENDE QUE LA LEY ES “LEGÍTIMA”
Mientras tanto, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado que Francia actúa “en virtud de su propia legislación y legitimidad” para deportar a ciudadanos rumanos de etnia gitana que no tengan permiso de trabajo, aunque ha advertido de que el país galo, con esta medida, “traslada el problema” al resto de los miembros de la Unión Europea (UE).
Hernando ha explicado que si bien Francia mantiene la moratoria sobre la libre circulación de los ciudadanos rumanos y búlgaros en la UE, también ha indicado que este tipo de decisiones, como la de expulsar a los gitanos, no se pueden tomar de forma “unilateral”, sino que tienen que ser “consensuadas” con el resto de los países europeos.
A su juicio, la política de inmigración en la UE, así como las normas sobre la circulación de los ciudadanos, tiene que ser común, “sobre todo con un colectivo como es el de los gitanos rumanos que tiene una forma de vida muy especial y, a veces, choca con los ciudadanos de las zonas donde se asientan”.
Según Hernando, la ley del Ejecutivo francés “puede provocar lo mismo que pasó cuando Italia adoptó medidas contra otros colectivos de inmigrantes, cuyos miembros se marcharon a otros países del entorno, entre los que se encontraba España”. “Así no se soluciona el problema, sino que se traslada de un país a otro”, ha concluido.
Extraído de: Patriotas.es
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